La Contralora General del Estado, Lízbeth Basto Avilés, y el Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, interpusieron denuncias contra el anterior gobierno estatal por 533 millones de pesos.
Las denuncias se realizaron en la Vicefiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
Los funcionarios llevaron cajas con documentos que servirían como prueba para sustentar las acusaciones.
La controlara negó que se trate de un asunto político y estas denuncias se realizaron ante inconsistencias, discrepancias financieras, faltantes de bienes y cuestiones administrativas que se encontraron en el proceso de entrega recepción.
“Es nuestra obligación denunciar estos hechos que lastiman al Estado”.
Las denuncias se presentaron horas después de que el exgobernador Rolando Zapata Bello difundiera un vídeo, en el que desacreditaba las acusaciones contra su administración.
La contralora general, Lizbeth Basto Avilés, detalló que durante el análisis de más de 2,000 carpetas del proceso de entrega-recepción se encontró presuntas irregularidades del gobierno saliente.
Las mismas fueron encontradas principalmente en los Servicios de Salud de Yucatán, Secretaría de Educación Estatal y Administración y Finanzas, aunque también se encontraron inconsistencia en la Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y Fomento, así como los institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el del Deporte, y el de Seguridad Jurídica y Patrimonial, entre otras dependencias.
Luego de la diligencia en la vicefiscalía, la contralora explicó que en total se presentaron 30 denuncias, 25 se habían interpuesto anteriormente y cinco ayer, por un monto global de 533 millones de pesos; sin embargo, luego en un comunicado se dijo que no eran 30, sino 31 las que se habían presentado con un mismo monto.
Indicó que darán todas las facilidades tanto a la vicefiscalía como a la Auditoría Superior del Estado para que realicen su investigación y en su caso se finquen responsabilidades o determinen que no hay delito que perseguir.
Indicó que ellos ya cumplieron con denunciar los hechos y ahora está en manos de la vicefiscalía especializada investigar y fincar las responsabilidades en su caso. “Pedimos que se cumpla la ley”.
La contralora se reservó el derecho a especificar el tipo de delitos que se denunciaron para respetar el debido proceso de investigación.
“Eso es trabajo de la vicefiscalía”, apuntó.
Asimismo dijo que las denuncias no se presentaron de manera directa contra algún funcionario, sino contra quien resulte responsable.
Contrario a otras diligencias la denuncia, ésta fue considerada como exprés, dado duró menos de 20 minutos. El privado de la vicefiscalía resultó insuficiente para la cantidad de reporteros que acudieron a cubrir el hecho.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hay dos rutas para seguir con estas denuncias. La primera es que se encuentren los elementos suficientes para configurar presuntos delitos o la otra que se considere que no hay delitos que perseguir, en su caso la denuncia se archivaría como ocurre con otras miles que se interponen y que no proceden.
Se indicó que tras recibir la denuncia se solicitará a la parte acusadora aportar datos de prueba que ayuden a los investigadores en las pesquisas. Para ello solicitarían todo tipo de pruebas documentales, de vídeo, audio o de lo que se disponga como dato de prueba.
Asimismo se solicitaría a la parte acusadora la comparecencia para ampliar la denuncia en este caso para hacer señalamientos directos sobre ellas y los presuntos involucrados.
Con base en ello la autoridad enviaría citatorios para que las personas señaladas en la denuncia para que acudan ante la dependencia o en su caso comparezcan por escrito.
Se aclaró que todas las partes señaladas tendrían que comparecer ante la autoridad, tienen oportunidad de recibir hasta tres citatorios, ya que de lo contrario serían llevados por la fuerza pública.
Luego de escuchar ambas partes la vicefiscalía determinaría si las denuncias son del orden penal y si se configura algún tipo de delito.
