Cuatro agrupaciones civiles de Yucatán respaldan a 10 trabajadoras sexuales que presentaron un juicio de amparo contra el ayuntamiento de Mérida, el alcalde Reni Barrera Concha y el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, pues con la aprobación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno publicado en septiembre pasado “se criminaliza el ejercicio de la prostitución y el derecho de las sexoservidoras a realizar esta actividad sin ser víctimas de persecución, extorsión y malos tratos”.
En rueda de prensa en la sede de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse), esta asociación y otras tres más anunciaron que han interpuesto la solicitud de amparo debido a que “se colocó al ejercicio de la prostitución como algo equiparable a la trata de personas, cuando quienes la ejercen, por lo general, lo hacen por voluntad propia debido a que no encuentran los medios necesarios para subsistir”.
Las trabajadoras sexuales son respaldadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Unasse, Oasis San Juan de Dios, A.C. y Yucatrans, Asociación Transgénero Yucatán.
El recurso se presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito y en dicho amparo las quejosas reclamaron al Ayuntamiento la aprobación del reglamento, publicado en la Gaceta Municipal el 13 de septiembre de 2019.
“El reglamento municipal de Mérida criminaliza el trabajo sexual”, señalan Abigail Trillo Herrera y Kenia Zarza, de Yucatrans Asociación Transgénero Yucatán.
Carlos Méndez Benavides, de Oasis San Juan de Dios, dijo que quienes ejercen el sexoservicio sufren violencia institucional, exclusión y marginación por la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos.
