Fuentes del gobierno federal confirmaron que Alfredo Ramírez Gómez no es representante ni delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, por lo que no incurrió o comete usurpación de funciones como le atribuye un asesor de ejidatarios que promueve su destitución.

También se boqueó que el representante actual en funciones en la Procuraduría es el ingeniero Felipe de la Cruz Díaz García, quien no puede desempeñar sus funciones porque varios ejidatarios tienen “secuestradas” las oficinas de esta dependencia federal desde hace una semana.

La fuente chismeó que desde el 30 de mayo pasado el gobierno federal decretó la restructuración de las dependencias federales en las entidades y por decreto desapareció la figura de delegaciones federales.

En esta fase de reestructuración se nombró a Díaz García como representante de la Procuraduría Agraria en Yucatán y a Alfredo Ramírez Gómez como enlace entre aquella y el gobierno federal.

Aquí, soltó, es donde especuladores, abogados y directivos ejidales con intereses particulares ven el peligro para sus operaciones porque el enlace compila información sobre las operaciones y las remite a sus superiores. Es decir, el gobierno federal tiene conocimiento de lo que está sucediendo en los ejidos yucatecos.

Con el cambio administrativo quedó sin efecto la petición de renuncia que hacen los ejidatarios que tienen tomada las oficinas de la instancia porque Ramírez Gómez no es delegado. No usurpa funciones porque no firma ni lleva asuntos de esta dependencia relacionados con los ejidos.

Tampoco puede renunciar si no es representante de la Procuraduría Agraria, sino que aquel tiene un nombramiento transitorio.

Los enterados de este problema que afronta la Procuraduría Agraria en Yucatán es que ésta afecta intereses de empresas especuladoras y confirma el contubernio que hay entre abogados agraristas con los visitadores de la propia Procuraduría, pues se rompió esa relación y el control que tenían los abogados que representan a los ejidos o empresas.

El llamado hecho por el líder del grupo que tomó la sede federal es como una advertencia para el representante Díaz García de que dialogue a favor de ellos o también lo sacarán de la dependencia.