Un travestido recorre todos los días la calle 69 entre 50 y 54, uno de los corredores cachondos que funcionan en el Centro de Mérida.

Su nombre real es César, pero todos le llaman “Mónica”. Tiene continuo trato con las prostitutas de ese sector, pero no es precisamente en plan amistoso: es el encargado de cobrarles una cuota de $50 por cada “servicio” que aquéllas realicen durante la jornada.

En la calle 58 entre 71 y 73, otro corredor del sexo, “Mónica” tiene su contraparte: es una mujer conocida como “Colas”, quien ejerce una función de liderazgo entre las sexoservidoras del tramo.

“Mónica” y “Colas” son parte de una de las facetas de la prostitución callejera, uno de los cánceres del primer cuadro de la ciudad, agobiado por antiguos problemas heredados a cada administración municipal.

La prostitución es el azote más antiguo de la zona. Gobiernos van, gobiernos vienen y, sin una legislación que la considere, se le practica a toda hora y sin control de las autoridades de salud.

El sexoservicio callejero es una de sus manifestaciones más comunes, tal como se ejerce en otros puntos de la ciudad de Mérida, como las avenidas Itzaes y Canek.

En la calle 69 están identificados con ese fin las posadas San Cristóbal, frente al parque del mismo nombre, y Castañeda. Es fácil de comprobar por las falenas y sus clientes, lo mismo que en la calle 58 entre 71 y 73, donde funcionan con el mismo fin los hoteles Rossana Pastora, Principal, San Pablo y San Clemente. Cada negocio tiene sus propias mujeres. Éstas saben que no pueden invadir otro territorio.

Tampoco ha variado mucho la procedencia de las prostitutas: en buena parte son yucatecas y también hay muchas oriundas de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, principalmente. Otras son extranjeras, sobre todo de Centroamérica.

Se calcula que unas 200 mujeres ofrecen servicios sexuales en las zonas ya referidas.

Están distribuidas en turnos, que abarcan el día y la noche.

Testimonios recabados por nuestros reporteros indican que los hoteles y posadas que dan cabida a las suripantas pagan “protección” a las autoridades. Identifican como la cobradora a una mujer conocida como “La güera”, a quien hasta hace tres años, en la administración municipal anterior, veían con uniforme policíaco. Ahora la ven de “civil”.

Las “tarifas” por un servicio sexual varían. Lo mismo hay de $400 ó $500 —de las más altas— que de $150 o menos por uno “básico”, aunque también depende de la persona elegida.