La Fiscalía General del Estado formuló acusó formalmente al ija identificado R. A. B. H. por su presunta participación en el delito de desobediencia de particulares a un mandato de autoridad, tras no cumplir con una sentencia establecida en marzo del 2016.
De acuerdo con la causa penal 108/2018, la sentencia establecida obligaba al ahora imputado a pagar la suma de 14 mil pesos por concepto de pensión alimenticia, y una garantía de 21,600 pesos, bajo advertencia de que si no cumplía se le impondría una multa de 20 salarios mínimos y se consignaría el hecho a las autoridades penales.
Al parecer la cosas se puso color de hormamiga y todo derivó en una audiencia efectuada en el Juzgado Segundo de Control, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida, en el que imputó a R.A.B.H., quien el próximo 18 de junio deberá presentarse nuevamente ante la autoridad judicial para definir su situación jurídica.
A firmar…
Por lo pronto, como parte de las medidas cautelares, el indiciado debe acudir a firmar dentro de los primeros cinco días de cada mes, no podrá salir del Estado y estará bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares por todo el tiempo que dure el proceso.
