Luego que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), puso una denuncia ante la PGR por la destrucción del mangle en la Reserva Ría Lagartos, en terrenos del puerto de San Felipe, ayer fue citado a declarar el síndico municipal Francisco Antonio Marrufo López, quien habría dado los permisos para urbanizar el área.
En este puerto, de acuerdo con información obtenida, se está llevando al cabo un desarrollo urbano en una propiedad, al parecer un rancho, y la gente beneficiada tiene relación con Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas Sociales del gobierno federal, ya que el excandidato al gobierno del Estado por Morena se habría comprometido con su gente a que los apoyaría.
Sin embargo, no se sabe con precisión cómo se está llevando al cabo ese proyecto de desarrollo urbano que consiste en la construcción de viviendas, donde se está afectando la reserva protegida por las autoridades.
El asunto se está politizando debido a que las autoridades municipales son de extracción priista y consideran que “se les está haciendo a un lado” en los programas sociales, por lo que Marrufo López autorizó a un grupo de personas allegadas al municipio talar una parte del mangle para que realicen otro desarrollo.
Pensando que no habrían problemas legales, se le autorizó a la gente talar y destruir el mangle, lo que motivó que la Profepa tome cartas en el asunto y al acudir al lugar a realizar una investigación se percataron que efectivamente se estaba destruyendo parte de la Reserva Ría Lagartos, como se le conoce a toda esa zona protegida.
Dividen parcelas
Del mismo modo, los colonos que están dividiendo sus parcelas señalaron al síndico como la persona que les dio la autorización para que se divida el lugar y que cada interesado “escoja el terreno que quiera”.
Ante esa evidencia, se presentó la denuncia ante la PGR por lo que ayer, poco antes del mediodía, fue citado el síndico a declarar ante el Ministerio Público Federal, sin embargo, de acuerdo con datos obtenidos, se abstuvo de hacerlo acogiendo al derecho que la ley le otorga.
Ahora lo que continúa sobre el caso es que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación para tratar de encontrar más evidencias de la responsabilidad del síndico.
