A poco más de cuatro años de haber ejercido el cargo, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público de la Federación (MPF), fincó la responsabilidad de delito de peculado contra el ex alcalde Roger Alcocer García, emanado del PRI, y del que fue su tesorero, Óscar Arturo Esquivel Palomo, por un desvío de unos $25 millones, que no fueron aplicados en su periodo para la construcción de cuatro obras, las cuales fueron reportados como concluidas, según consta en facturas y actas de Cabildo que están en posesión de la actual administración.
La historia del presunto desvío de recursos del ex alcalde Roger Alcocer García se comenzó a escribir desde que lo sucedió en el cargo la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, quien detectó las facturas referentes a la construcción de un museo del tren, una plaza de la jarana y una biblioteca, todo en los terrenos de la ex estación ferroviaria, además de una unidad deportiva, en la colonia San Francisco, obras que se comprobó que no existían.
Los recursos que supuestamente debieron aplicarse llegaron del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), en ese entonces, por tal motivo son federales, por lo que era de esperarse que tendría que intervenir en el caso la Fiscalía General de la República (FGR).
La ex alcaldesa en ese entonces también detectó que se vendió un terreno de 20 hectáreas en la ex hacienda San Lorenzo Ochman en $12 millones, cuyos recursos no se aclara en qué se aplicaron, mucho menos aparecen, por lo que se presume que los acusados se quedaron con ese dinero.
Además, a los tres días de haber tomado posesión, Alpha Tavera detectó un retiro de $3 millones de las cuentas bancarias ya que para ese entonces no se habían hecho las transferencias de firmas, lo cual aprovecharon para disponer del dinero que aún había de participaciones estatales, por lo que paralelamente se puso otra denuncia ante la Fiscalía estatal, lo cual por cierto se ignora el avance o los resultados de alguna investigación en este caso.
Sin embargo en el caso de los $25 millones federales, se puso la denuncia ante la entonces PGR, y casi dos años después el Ministerio Público determinó que no habían elementos que prueben un desvío de recursos, y se devolvió el expediente al ayuntamiento. La entonces alcaldesa, canalizó su denuncia ante el departamento administrativo de la PGR, y obligaron al Ministerio Público a continuar con el caso, debido a que sí habían elementos de responsabilidad.
El tiempo transcurrió, y el Ministerio Público federal, mandó citar a los ex regidores y algunos de ellos demostraron con documentos que sí se aprobaron en Cabildo las obras, incluso está asentado en las actas de las sesiones. Tras ello, los implicados comenzaron a dar muestras de querer reparar el daño y construir las obras, y se les dijo que no era posible porque el delito ya estaba cometido.
Como parte de la integración de la carpeta fueron citados en su momento el ex alcalde Alcocer García, el ex tesorero Esquivel Palomo, el ex síndico, Narces Mendoza Ambriz y el ex secretario José Luis Alcocer Rosado, todos ellos porque supuestamente sus comisiones implicaban la observación y vigilancia de la aplicación de los recursos.
Sin embargo no declararon e insistieron en querer construir las obras, con su propio dinero, pero no se les aceptó porque ya estaba en marcha una denuncia y la investigación de los hechos, y será hasta una autoridad decida lo conducente, por lo tanto se siguió integrando la carpeta de investigación.
Fue hasta anteayer que el MPF determinó fincarle responsabilidad al ex alcalde por el delito de peculado por los $25 millones y exigió ante un juez de control meterlo a la cárcel, ya que el delito cometido tiene una pena de dos a 14 años de prisión.
Sin embargo el juez de control decidió no hacerlo, pero les exigió el pago de 300 a 500 días de multa, retirarles su pasaporte y su visa, les prohibió salir del Estado y del país, y decidió aplazar a 144 horas más, para decidir dar su resolución de la situación jurídica de los dos implicados.
A pesar que el MPF demostró que los dos inculpados podrían darse a la fuga, se insistió en que ninguno debe salir y además acudirán a firmar cada mes en el Juzgado de Control.
Se determinó que el lunes 4 de noviembre se les podría vincular a proceso, pero aún no se determina si habrá o no cárcel preventiva, en caso de que el juez los encuentre culpables del delito que se les imputa.
En caso de los $25 millones, las reglas de operación de los programas federales indican que en caso que un gobierno estatal o municipal no ejerza determinados recursos, está obligado a devolverlos, de modo que habría que esperar lo que decida el juez .
