Pensionados del Isstey en protesta en octubre pasado. El gobierno estatal suspendió pensiones irregulares a exfuncionarios del gobierno anterior, quienes interpusieron recursos para recuperar el beneficio

El Juzgado Segundo de Distrito otorgó el martes la suspensión provisional a Fernando Castro Novelo, director de Comunicación Social en el gobierno anterior, quien solicitó el amparo de la justicia federal contra la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de cancelar la pensión de $35,000 mensuales que le concedió Rolando Zapata Bello en septiembre de 2018.

El Juzgado ordenó al gobierno estatal restablecer provisionalmente al exfuncionario “el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo”.

Castro Novelo figura en la lista de 17 funcionarios pensionados en los últimos días de la administración anterior, a quien Vila Dosal les canceló ese beneficio por no cumplir los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 años o más de aportaciones, o 30 años de aportaciones sin límite de edad.

Como ya informamos, las pensiones canceladas corresponden, además de Castro Novelo, a Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargas, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, respectivamente, quienes pretendían recibir $46,000 mensuales cada uno. También la de José Ignacio Mendicuti Pavón, quien recibiría $45,000, y las de Ariel Enrique Azcorra Padilla, Jesús Antonio Paz Pineda y Elda María Vargas Jiménez, de $40,000; la de Luis Humberto Hoyos Schlamme, $30,000; Beatriz Eugenia Solís Sánchez, $25,000; Gaspar Javier Arceo Peniche, $19,219 y Margarito Chi y Balam, $16,814. Igualmente fueron canceladas las pensiones a favor de Emma Alegría del Socorro García Pérez, por $13,800; Hernán José Cárdenas y Gallareta, $12,000; Pedro Pablo Noemí Martínez, $11,000, y Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, de $8,000 cada una.

Las autoridades dijeron que esta acción evitó un gasto de casi $6 millones anuales de recursos públicos.

De acuerdo con el expediente del juicio de amparo indirecto marcado con el número 1591/2019, iniciado por Castro Novelo, el entonces gobernador Zapata Bello, mediante oficio DGOB/0458 BIS/ 2018, le concedió al exfuncionario una pensión por $35,000 mensuales, el 3 de septiembre de 2018, que el gobierno actual no le pagó por considerarla ilegal.

(Recientemente el Diario publicó declaraciones de la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, y de la directora del Isstey, María Isabel Rodríguez Heredia, según las cuales ese instituto, encargado del sistema de pensiones del gobierno, está al borde de la quiebra).

Castro Novelo pidió la revisión de la medida en su contra en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que el 18 de octubre le negó la suspensión solicitada, por lo que éste acudió al amparo.

Ordena pagar

El Juzgado Segundo admitió la demanda y ordenó a las autoridades pagar de inmediato la pensión del exfuncionario, en tanto se resuelve el juicio en lo principal, en la audiencia constitucional fijada para el 30 de diciembre próximo.

El Juzgado le concedió la suspensión provisional argumentando que la cancelación de su pensión “pondría en riesgo” la subsistencia del exfuncionario y la de su núcleo familiar.

Trascendió que además de Castro Novelo, otro juzgado amparó a Ermilo Duarte Torres, exempleado de la Secretaría de Desarrollo Rural, pensionado con $8,000. También se supo que el resto de los otros exfuncionarios afectados ha interpuesto demandas para intentar recuperar sus pensiones.

Sobre este asunto, el consejero jurídico del gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, explicó que en el caso del extitular de la Dirección de Comunicación Social, el Juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional, pero no es una resolución definitiva, pues se trata de un beneficio que la ley le otorga. Sin embargo, dijo, el juicio sigue y la pensión que le fue otorgada sin los requisitos legales correspondientes deberá ser suspendida definitivamente como en el resto de los casos.

“Como en cualquier procedimiento legal, los exfuncionarios pueden promover recursos o juicios argumentando la legalidad de su proceder para no perder sus privilegios, sin embargo, en una sentencia definitiva la autoridad correspondiente resolverá lo procedente”, comentó Tappan Silveira.

“En tanto, los juicios seguirán su curso”, dijo el consejero jurídico.