Christian C. D., joven karateca acusado de golpear a su ex pareja Andrea, continuará su proceso legal en el tambo a pesar de los intentos de su defensa por sacarlo de la prisión preventiva que le fue impuesta desde noviembre de 2018.
Cabe chismear que en primera instancia, el joven artemarcialista había sido vinculado a proceso por feminicidio agravado en grado de tentativa, pero su defensa promovió un amparo, por lo que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito ordenó se reclasifique el delito, así que la juez Blanca Bonilla González vinculó, en una segunda audiencia, al karateca por los delitos de “violencia doméstica y lesiones calificadas que tardan en sanar más de quince días”.
Los abogados defensores de Christian de nueva cuenta acudieron a la justicia federal, que resolvió a favor del imputado indicando que la juez se había excedido en la reclasificación del delito; el Juzgado Quinto de Distrito Federal no dio por cumplida la ejecutoria y ordenó una tercera audiencia para la vinculación a proceso, la cual se llevó al cabo ayer en el Cejom.
La juez Bonilla vinculó al presunto agresor de Andrea, ahora, por lesiones que tardan en sanar más de quince días y tras esto, la defensa solicitó que también se le imponga una nueva medida cautelar que no consista en la prisión preventiva.
El asesor jurídico de la joven víctima calificó la decisión del Juzgado Quinto de control, como ridícula e indicó que no existía recurso legal alguno para cambiar las medidas cautelares, pues la ejecutoria no hacía mención a ésta.
La fiscal adscrita, en su turno, solicitó la prisión preventiva para el vinculado, esto, dijo la fiscal, para garantizar que el ija esté presente durante el proceso y no se pele, pues no había ninguna razón que lo haga permanecer en el estado, ni familia ni empleo formal; y, por tanto, podía darse a la fuga o, peor aún, causar daños mayores a la víctima.
“La medida cautelar es primordial para garantizar la seguridad física y psicológica de la víctima”, dijo la adscrita al caso.
Al debatir los argumentos de la Fiscalía, el abogado defensor del karateca expuso que el Ministerio Público solicitaba esa medida cautelar como un capricho y por razones políticas, pues, chismeó a la Fiscalía General del Estado, solamente le importa no quedar mal ante la sociedad.
Señaló que no hay datos de prueba de que la joven sufra algún peligro si el imputado quedaba libre, pues no había ni amenazas ni nada que pruebe lo que decía la FGE.
El defensor propuso otras medidas cautelares como presentación periódica a los juzgados, una exhibición económica, la prohibición de salir del Estado y del País y no acercarse a la víctima.
En la contrarréplica, la fiscal adscrita indicó que si no había tales datos de prueba era porque la medida cautelar impuesta había sido efectiva, pero reiteró, había un riesgo para la víctima el hecho de imponer otra medida cautelar al imputado que no sea la prisión preventiva.
Finalmente, la juez impuso la Prisión preventiva al karateca y dio a la Fiscalía General del Estado un plazo de un mes y medio para la investigación complementaria, fijando la fecha 9 de febrero de 2020 para una nueva audiencia.
Adicional a esto, el asesor particular de Andrea indicó que tanto él como la FGE ya interpusieron quejas en contra de Carlos Solís Briceño, juez quinto de distrito, y añadió que se impugnará la resolución en la que da por entendido el no cumplimiento de la ejecutoria cuando la Juez Bonilla vinculó al karateca por violencia doméstica.
