Con el paquete fiscal recién aprobado los yucatecos pagarán además del nuevo derecho por seguridad, los nuevos cobros por el transporte de carga, así como del servicio de transporte de pasajeros por plataformas electrónicas, y otros derechos por servicios que antes no se cobraban, por ejemplo en el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre otros.
En el caso del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, el cual se cobrará en los recibos de luz cada dos meses, propuesto por el Ejecutivo del Estado, en un principio se pretendía aplicar a los propietarios o posesionarios de los más de 700 mil viviendas que hay en Yucatán de acuerdo con el Inegi, pero luego de varias negociaciones los diputados del PRI lograron que no todos lo paguen.
La aplicación de este nuevo derecho, de acuerdo con la justificación que hace el gobierno para aplicarlo, es para obtener los recursos que se requieren para el mantenimiento de los equipos tecnológicos de seguridad, como las primeras cámaras de vigilancia que se instalaron en la entidad.
Tope
La propuesta era que se cobre un porcentaje de lo que se les facture por el consumo de la corriente eléctrica, con un tope de no más del ocho por ciento, a lo que Víctor Merari Sánchez Roca informó que, según los acuerdos que se establecieron, lo más que va a pagar un ciudadano son 290 pesos al mes por este derecho, o sea por un consumo de aproximadamente $3,625 al mes, “nadie va a pagar más, ese es el tope máximo de cobro por contrato de servicio básico”.
En las negociaciones durante su discusión en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso, los diputados del PRI lograron que se exente del pago de este nuevo derecho a las escuelas, hospitales y ayuntamientos, así como a unos 200 mil predios por ser los que tienen los más bajos consumos de electricidad, los de menos recursos.
Cambios
Pero de última hora cuando se discutía la Ley de Hacienda en la sesión plenaria del pasado miércoles los priistas lograron ampliar el universo de los exentos del pago de este nuevo derecho, primero la diputada Janice Escobedo Salazar propuso y se aprobó que se exente también a los propietarios o poseedores de predios ubicados en los distritos de riego destinados a la extracción de agua con fines agrícolas y pecuarios.
Luego en la misma sesión del miércoles, María Teresa Moisés Escalante, también del PRI, propuso y se aprobó que se exente de este pago a los poseedores de predios cuyo consumo de electricidad sea igual o menor a 1.18 Unidades de Medida y Actualización, o sea 99.69 pesos mensuales (199.38 pesos bimestrales) con lo que se beneficiaría el 40 por ciento de los predios en la entidad.
Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de la citada comisión, estimó que aproximadamente el 36% de los hogares del estado pagan menos de 200 pesos al bimestre, todos ellos quedarán exentos.
Transitorio
De igual forma se incluyó a propuesta de Felipe Cervera Hernández, un artículo transitorio donde se consigne que, en caso de la federación envíe al Estado los recursos necesarios para cubrir el gasto el mantenimiento de los equipos electrónicos de seguridad, o el mismo Estado los consiga, se dejará de cobrar este nuevo derecho.
Este que es uno de los nuevos derechos en la Ley de Hacienda —los otros nuevos son sobre el transporte de pasajeros por plataformas tecnológicas, y por servicios que no estaban gravados—, y por el cual el PRI ha iniciado una cruzada, por considerarlo injusto e inconstitucional.
Y es que como parte de la lucha contra el pago de este nuevo derecho, en el PRI se está integrando una mesa de trabajo, para organizar, promover y presentar amparos colectivos a principios del próximo año, considerando que tienen para hacerlo un plazo de hasta 30 días naturales a partir de cuando la disposición se publique en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
