Después de más de un año y tras una sanción judicial, el Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad la reforma constitucional relacionada con la despenalización del aborto
Mare, sobrinos, después de más de un año de permanecer pendiente y luego de varias resoluciones judiciales, el Congreso del Estado de Yucatán concluyó el proceso legislativo relacionado con la despenalización del aborto al aprobar por unanimidad una reforma al artículo 1 de la Constitución local.
La modificación recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la LXIV Legislatura, incluido el PAN, y fue aprobada sin debate ni posicionamientos en tribuna. La aprobación se dio para cumplir con sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenaron al Congreso concluir el procedimiento legislativo que se mantenía pendiente.
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El texto aprobado establece que el Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano y también señala la obligación de promover las condiciones necesarias para su desarrollo integral, en concordancia con la Constitución federal y los tratados internacionales.
Posteriormente, la bancada del PAN informó que respaldó la reforma al considerar que el texto mantiene el reconocimiento constitucional del derecho a la vida.
Multa millonaria presionó al Congreso
Uay, uno de los factores que aceleró el tema fue una sanción impuesta por el Juzgado Tercero de Distrito debido al incumplimiento de las sentencias. La multa superó el millón de pesos y alcanzó a los 35 diputados locales, quienes deberán cubrir de manera individual 26 mil 981 pesos.
También avanzaron otras reformas
Durante el periodo extraordinario, los legisladores aprobaron modificaciones relacionadas con austeridad presupuestal, conformación de cabildos, leyes fiscales municipales y cambios al Código Penal en materia de acecho y delitos cometidos mediante software e inteligencia artificial.
Asimismo, se designaron nuevos titulares de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Poder Legislativo y de la Contraloría Interna del Congreso.
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