Alrededor de 200 ejidatarios de Motul, Sinanché, Bokobá, Suma y Cansahcab bloquearon ayer en la mañana el edificio del Tribunal Unitario Agrario No. 34 y advirtieron que no se retirarán del lugar hasta que sea destituido el magistrado agrario Antonio Luis Betancourt Sánchez, a quien acusan de actos de corrupción.
Los campesinos expulsaron a empujones y con una gritería colectiva de “fuera, fuera”, “corrupto”, “lárgate de Yucatán” que dedicaron al magistrado Betancourt Sánchez cuando éste llegó al edificio, a la vera de la calle 60, a unos metros del Consulado de Estados Unidos, para solicitar un diálogo y una negociación con los inconformes a fin de solucionar el conflicto.
La respuesta inmediata fue una ola de rechazo masivo, una gritería que opacó sus declaraciones de justificación y empujones que obligaron al funcionario a alejarse del lugar protegido por tres colaboradores.
Su presencia estuvo a punto de ocasionar una trifulca porque campesinos lo empujaron varias veces, lo que le obligó a advertir: “No me empujes”, “¿Qué te pasa?” , “No me toques” y en algún momento trató de repeler.
Gracias a la custodia de dos colaboradores que lo escoltaron lejos del lugar cesaron los empujones.
Los ejidatarios, hombres y mujeres, cedularon las puertas de acceso a las oficinas con cinta amarilla, colocaron vehículos en el estacionamiento, pusieron sillas en todo el espacio exterior y desplegaron decenas de cartulinas bien escritas con acusaciones contra el magistrado y peticiones de apoyo al gobernador Mauricio Vila Dosal, al “superdelegado” federal Joaquín Díaz Mena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien piden que investigue y destituya al magistrado agrario asignado en Yucatán.
Cuatro camiones turísticos con aire acondicionado de segunda clase y algunos taxis colectivos trajeron a Mérida a los campesinos y en la caravana también llegaron dotaciones tortas ya preparadas y refrescos para que sostengan el bloqueo del edificio del TUA No. 34.
Acusaciones
Julio César Balam Escamilla, asesor y ejidatario afectado de Motul, aportó en rueda de prensa información que muestra los actos de corrupción y parcialidad del magistrado Betancourt Sánchez.
1) Lo acusan de tener ligas con el exprocurador de justicia Rafael Acosta Solís.
2) El 5 de agosto de 2018 fue electo Jorge Marcelino Alonzo Chuc como comisario ejidal de Motul conforme a la ley y debió entrar en funciones el 5 de octubre de ese año.
Acosta Solís consiguió a un solo ejidatario, Julián Can y Chuc, que fue el candidato perdedor, y por medio de él presentó una demanda de nulidad contra el acta de elección.
Pidió medidas precautorias y el magistrado de inmediato las concedió.
Los ejidatarios se ampararon contra esa medida precuatoria y el juez 5o. de Distrito les concede la protección de la justicia federal, “lo que demuestra que el magistrado agrario actuó mal”.
3) El mismo Acosta Solís interpone otra demanda contra el Ejido de Motul, usando a Luis Armando Chuc Sánchez y vuelve a pedir medidas precautorias por el mismo asunto anterior.
El magistrado agrario fijó la audiencia para el 26 de marzo pasado, la difirió y reprogramó para el 13 de agosto, pero inexplicablemente la cambió para el 10 de mayo, Día de la Madre, que es día inhábil para las mujeres sabiendo que la abogada Nancy Judith Moguel Chávez, asesora que les dio la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno el Estado para este caso, no se presentaría a la audiencia, como ocurrió.
La abogada presentó una justificación ante el TUA, pero el magistrado no la aceptó y al contrario multó con $10,000 al director de Asuntos Agrarios y programó dicha audiencia para ayer.
Por esa razón bloquearon las instalaciones porque sospechan que fallaría a favor de Acosta Solís.
Sinanché
4) Otro caso de parcialidad que demuestra el magistrado es en el ejido de Sinanché, que presentó una demanda de nulidad de contrato de usufructo con una empresa que instalará un parque eólico en ese municipio.
En cada audiencia el magistrado Betancourt Sánchez trata de convencer a los ejidatarios de que acepten el 2% que ofrece el contrato de la empresa.
De igual manera los ejidatarios no aceptan porque el último pago sólo recibieron $28 de utilidad por la renta del terreno, cuando un avalúo comercial que mandó realizar el ejido señala que deberían recibir $75 millones al año como pago justo.
5) El ejido de Cansahcab también presentó demanda de nulidad de contrato contra otra empresa eólica y ocurre la mismo.
Por lo tanto el magistrado trata de influir en el ánimo y decisión de los ejidatarios y les dice que acepten, que la empresa está trayendo inversión y empleos, que no tiene más dinero para las tierras.
El avalúo pericial dice que el pago debería de ser $32 millones al año.
6) El ejido de Bokobá defiende sus tierras porque en su territorio pasaría la línea de transmisión del parque eólico de Cansahcab y la empresa quiere darles una miseria.
