Mare, otro detenido por el caso de “La Concordia”. La Fiscalía lo acusa de exigir 300 pesos semanales a un comerciante de Ciudad Caucel para dejarlo trabajar
Mérida.- Mare, sobrinos, el caso de los presuntos cobros para dejar trabajar a comerciantes en Ciudad Caucel sigue dando de qué hablar. Ahora, otro hombre fue llevado ante un juez y quedó en prisión preventiva por su probable participación en un caso de extorsión.
Se trata de Luis Eduardo L.C., quien fue detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada de manera coordinada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP. Durante la audiencia inicial, realizada en el Centro de Justicia de Mérida, los fiscales le imputaron el delito de extorsión.
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Lo anterior, tras ser señalarlo por sus presuntos vínculos con personas relacionadas con el caso de “La Concordia”. De acuerdo con los datos de prueba reunidos en la causa penal 588/2026, entre mayo y julio de este año el acusado habría acudido varias veces a un puesto ambulante de antojitos ubicado en el fraccionamiento Villa Jardín, en Ciudad Caucel.
Según la investigación, el hombre se habría presentado como colaborador de otra persona que actualmente enfrenta un proceso por el mismo delito y habría exigido al comerciante un pago de 300 pesos semanales a cambio de supuesta protección. La acusación señala que, si el vendedor no entregaba el dinero, se le impediría continuar trabajando.
¿Cuándo definirán su situación legal?
Durante la audiencia, Luis Eduardo L.C. solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su posible vinculación a proceso será definida el próximo 12 de octubre. Mientras llega esa fecha, el juez de Control concedió la medida cautelar solicitada por la Fiscalía: prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.
El caso se suma a las investigaciones abiertas por presuntos cobros de piso a comerciantes de Mérida. En días recientes, otros dos acusados relacionados con “La Concordia” también fueron enviados a prisión preventiva. La FGE mantiene las investigaciones para determinar responsabilidades.
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